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Por Miguel Escudero
10 Jul 2025, 22:32 PM EDT
El debate migratorio en Estados Unidos sumó un nuevo episodio en Florida, luego de que la ciudad de Key West revirtiera una decisión que había generado amplias reacciones. Y es que tras votar para terminar su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) semanas atrás, la ciudad dio marcha atrás y restableció su participación en el programa federal 287(g), que permite a las fuerzas locales colaborar directamente con autoridades migratorias.
La reversión ocurrió en un contexto de fuerte presión política por parte del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier. La medida ha sido duramente criticada por organizaciones comunitarias, que ven en este cambio un retroceso en la autonomía local y un riesgo para la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades.
Key West vuelve a firmar el acuerdo migratorio
El pasado 9 de julio, la Comisión de la Ciudad de Key West votó por 4 a 2 para restablecer el convenio con ICE, aprobado bajo el marco del programa 287(g). Este acuerdo permite que agentes locales trabajen junto con funcionarios federales en la detención y procesamiento de personas indocumentadas.
El fiscal general James Uthmeier ejerció presión sobre el poblado de Florida. Crédito: Copyright Lawrey | ShutterstockLa decisión fue defendida por la alcaldesa Danise Henriquez, quien señaló que el cambio era necesario para cumplir con la ley estatal de Florida, que exige cooperación con las autoridades migratorias.
Semanas antes, la misma ciudad había votado 6 a 1 para abandonar ese mismo acuerdo, argumentando preocupaciones sobre su impacto en la comunidad migrante y los derechos civiles.
La votación fue celebrada por líderes comunitarios, e incluso generó marchas y manifestaciones en apoyo a la decisión. Incluso, la misma población se hizo presente a través de playeras y símbolos de apoyo con la frase “Los migrantes hacen esta isla”. Sin embargo, esta postura duró poco.
Tras la votación inicial, el fiscal general James Uthmeier advirtió que dicha medida violaba las leyes estatales que prohíben que las ciudades actúen como “santuarios” migratorios. Uthmeier incluso mencionó la posibilidad de sanciones e investigaciones, incluyendo la destitución de funcionarios que respaldaran la desvinculación del programa.
Medios como Florida Phoenix y CBS Miami reportaron que esta presión estatal fue clave para que el gobierno local reconsiderara su postura.
Críticas y consecuencias comunitarias
Aunque la ciudad optó por no sumarse a una demanda liderada por South Miami, que busca impugnar legalmente la obligación estatal de firmar convenios 287(g), muchas voces en la comunidad han expresado su inconformidad. Organizaciones civiles y defensores de los derechos migrantes han manifestado que la decisión socava la autonomía municipal y debilita los vínculos entre la comunidad y las fuerzas del orden.
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