Una redada, 46 historias truncadas: “Me falta la vida sin mi hija”

hace 1 dia 45

La segunda hija de María Eugenia García nació prematura. Killy Tatiana Yangquen García llegó a este mundo a los siete meses, pequeñita y frágil, dependiente de la protección total de su madre. Vivió sus primeros 20 años pegada a María Eugenia, nunca lejos la una de la otra. Hasta que a Killy Tatiana la apresaron en una redada en el almacén aduanero donde trabajaba sin papeles una mañana maldita de octubre. “¿Entiendes el cuidado que he tenido con ella y que me la arranquen así? ¿Y yo no poder protegerla? No la he vuelto a ver, solo por videollamada”, solloza la madre desde su hogar en Elizabeth, donde se mantiene escondida desde que a su hija la detuvieran y enviaran de vuelta a Colombia, el país del que emigraron hace más de una década.

Sentada en el comedor de su casa bajo el amparo del aire acondicionado una tarde calurosa de junio, entre llantos y golpes sobre la mesa cuando la angustia la supera, María Eugenia, de 53 años, relata lo que EL PAÍS ha podido reconstruir a través de tres meses en una decena de entrevistas: cómo una redada truncó las vidas de medio centenar de personas y sus familiares.

Era temprano en la mañana el 29 de octubre pasado. Se suponía que Killy Tatiana trabajaría remoto, pero le pidieron que fuera a la oficina. María Eugenia fue la primera en salir de la casa. Se fue, como de costumbre, a ayudar a cuidar a la bebé de la hermana de Killy Tatiana. “Llegué, acosté a dormir a la niña y me dormí también. No sabía qué pasaba detrás de la puerta. Dormí una hora, pero en un sueño profundo; no entendí cómo ese día me dio tanto sueño”, cuenta la madre.

Cuando despertó, lo primero que vio fue la cara de angustia de su hija mayor. “Me dice: ‘Mamá, siéntese, ¿quiere una aromática, agua? No le tengo buenas noticias. Hubo una redada en Savino. Llegó Migración y se llevó a Tatiana”, narra María Eugenia, recordando nítidamente uno de los peores momentos de su vida.

Agentes migratorios irrumpieron aquel día en el almacén de Savino del Bene, una empresa italiana de transporte marítimo internacional que mueve artículos de moda y de lujo. La instalación está ubicada en la zona de Avenel, en la localidad de Woodbridge, Nueva Jersey, a menos de una hora en coche de Manhattan. Según testigos consultados por este periódico, al lugar llegaron más de 50 agentes de varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional: del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otros.

“El operativo fue grande. Llegaron con armas largas —el Ejército, la Policía y el ICE— y rodearon el lugar. Hasta con un helicóptero. Se subieron a los tejados. No dejaron salir a nadie. Llegaron con escáneres que detectan las paredes, así como con perros que iban por cada zona, buscando a las personas”, recuerda Sandra Suero, cuyo hijo, Jhonatan Bello Cabrera, de 18 años, se encontraba dentro del almacén durante la redada. El joven colombiano alcanzó a llamar a su madre mientras se escondía de los agentes y ella llegó al lugar al instante.

En total, 46 personas fueron arrestadas —una cuarta parte de los empleados presentes ese día— en el operativo. De acuerdo con el grupo promigrante Movimiento Cosecha, que ha asesorado a las familias, al menos 30 de los trabajadores tenían solicitudes de asilo pendientes y muchos contaban con permisos de trabajo. Algo que en la era Trump importa poco: “Una tarjeta de autorización de empleo, por sí sola, no le otorga a una persona un estatus legal en Estados Unidos. Además, una solicitud de asilo pendiente, por sí sola, no confiere un estatus migratorio legal a un extranjero”, recordó un portavoz de Seguridad Nacional a este periódico.

“Me preguntaron si tenía permiso de trabajo. Se lo mostré a ellos. Les dije que yo estaba en proceso de residencia y ellos chequearon ahí en un computador y me quitaron el permiso. Me dijeron que dónde estaban mis cosas personales y luego me esposaron y me sacaron”, asegura Jhonatan.

Cuando fue detenido, Jhonatan se encontraba en medio de un proceso de petición familiar para obtener la residencia permanente a través del marido de su madre —él, un ciudadano naturalizado, y ella, residente. El colombiano, que llevaba cinco años en Estados Unidos en ese entonces, fue procesado y enviado primero a un centro del ICE en el mismo Estado, luego a Texas y eventualmente a Arizona. En total, pasó dos meses detenido hasta que en diciembre salió en libertad tras pagar una fianza de 6.000 dólares y con un grillete en el tobillo.

“En el trabajo se supone que estás seguro. Ellos no estaban delinquiendo ni mucho menos. ¿Por qué van y sacan a la gente trabajadora para llevárselos? Se supone, según el Gobierno, según las leyes, que iban a empezar a sacar gente delincuente, pero eso no lo hicieron”, asegura su madre, Sandra. “Jamás pensamos que le fuera a pasar algo así. Y menos a un recién graduado, todavía siendo un niño, porque él apenas está empezando a vivir. Acababa de cumplir sus 18 y lo arrestaron”, lamenta. La próxima audiencia por el caso de su hijo está prevista para noviembre del año que viene. Jhonatan intenta no pensar en lo que le pueda pasar en los meses que quedan por delante.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, bajo la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”, su Gobierno ha empleado todas las armas en su arsenal para perseguir, apresar y expulsar la mayor cantidad de migrantes posibles. Con cuotas diarias de arrestos, redadas masivas e indiscriminatorias y protecciones humanitarias canceladas, la Administración del republicano ha puesto en marcha una persecución antiinmigrante sin precedentes.

Su llamado zar de la frontera, Tom Homan, incluso anticipó en mayo de ese año que el país vería más operativos del ICE en lugares de trabajo de los que hubiese visto en la historia de Estados Unidos. Homan describió la estrategia como “inundar la zona”, por su profundidad y rapidez. Así se detuvo a decenas de migrantes en plantas procesadoras y lugares de construcción.

Otro de los frentes de esa ofensiva han sido los almacenes aduaneros como el de Savino del Bene. Instalaciones como esta eran poco conocidas hasta que el Gobierno de Trump decidió usarlas para su campaña contra la inmigración. Son lugares donde empresas almacenan mercancías a la espera del pago de los impuestos de importación. A cambio, están vigiladas por funcionarios de aduanas que pueden entrar cuando quieran para inspeccionar los productos.

El norte de Nueva Jersey está repleto de almacenes aduaneros debido a su proximidad con uno de los principales puertos marítimos de Estados Unidos. Desde el año pasado, agentes federales han llevado a cabo redadas en al menos cinco instalaciones de este tipo en el Estado. En total, más de 200 personas han sido detenidas, según activistas locales.

“Una especie de ficción jurídica”

Defensores de los trabajadores migrantes en estos almacenes han cuestionado reiteradamente la legalidad de las detenciones. Para Lauren Wilfong, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, no hay duda de que estos arrestos “violan la Constitución de Estados Unidos, la legislación federal en materia de derechos civiles y los derechos humanos de los miembros de nuestra comunidad”.

En marzo, la Red, junto con otras organizaciones promigrantes de Nueva Jersey, presentó ante el Departamento de Seguridad, el ICE y la CBP una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información con el fin de obtener registros sobre estas redadas y probar la ilegalidad de las mismas. El Gobierno nunca respondió, por lo que la organización presentó el 11 de agosto una demanda para obligarle a que le faciliten los documentos.

Una redada del ICE en Edison, Nueva Jersey, en julio de 2025.

“Estas instalaciones funcionan como cualquier otro almacén, pero existe una especie de ficción jurídica en ellas”, explica Wilfong por teléfono. “Lo que ocurre es que, como almacenan mercancías que aún no han sido despachadas para su importación, la CBP tiene determinadas facultades para inspeccionar esos productos y realizar otras actuaciones relacionadas con ellos. Sin embargo, esas facultades se refieren a las mercancías almacenadas, no a los trabajadores. Lo que estamos viendo es que el Departamento de Seguridad Nacional parece estar utilizando esa circunstancia como un pretexto para abrirse paso porque, de otro modo, el acceso a un centro de trabajo privado, como un almacén, está restringido”, señala. “En un lugar así, la Constitución exige que las autoridades cuenten con una orden judicial para poder exigir el ingreso, y no la tienen”, remata.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que no necesitan ninguna orden judicial para llevar a cabo estas inspecciones y operativos. “Un almacén aduanero está sujeto a la autoridad de inspección y registro de la CBP, y puede ser inspeccionado en cualquier momento, sin necesidad de una orden judicial, tanto en lo que respecta a las personas como a los bienes que se encuentren allí”, señaló en un comunicado.

Consultado por EL PAÍS sobre si la empresa responsable del almacén, Savino del Bene, enfrentó sanciones por emplear a personas indocumentadas, un portavoz del departamento respondió en términos generales, asegurando que “como parte de las revisiones de cumplimiento, la CBP verifica las listas de empleados proporcionadas” por cada almacén aduanero. Cualquier incumplimiento de requisitos da lugar a “la adopción inmediata de medidas correctivas” y puede resultar en “la pérdida de la designación del almacén y la remisión del caso a las autoridades”. No quedó claro si Savino del Bene enfrentó alguna o ninguna de dichas consecuencias. La compañía no respondió a una solicitud de comentario.

Meses de detención, desenlaces distintos

Días que pasó detenida cada persona tras la redada, y qué ocurrió después.

Fuente: Reconstrucción de EL PAÍS a partir de entrevistas. Duraciones aproximadas. · Gráfico: J. Figueroa / EL PAÍS

Mientras esta se convierte en una más de las muchas batallas legales que enfrenta el Gobierno de Trump por su política migratoria, Wilfong recuerda que “el alcance del daño” en este caso “va mucho más allá de las personas detenidas” en las redadas. “Afecta a todos los que se encontraban en esos almacenes y, por supuesto, también a todas sus familias”, destaca.

María Eugenia García vio por última vez a su hija Killy Tatiana en un centro de detención en Nueva Jersey, antes de que la trasladaran por todo el país hasta enviarla a Colombia. “A mí me falta mi vida sin ella”, lamenta la madre. Separada de su hija por primera vez, dice, ha tenido que aprender a secarse las lágrimas, “respirar, seguir y aguantar”. ¿Pero hasta cuándo?”, se pregunta: “He tenido mucha fortaleza en Dios. Es lo único que me ha ayudado a tener esta valentía para no morirme antes de verla a ella. Porque yo solita no hubiera podido”.

La esperanza de la salida voluntaria

Killy Tatiana, su hija, responde la videollamada desde Bogotá, donde reside desde que en febrero partiera de Estados Unidos con una salida voluntaria concedida por un juez de inmigración tras pasar casi cuatro meses detenida. “Cuando me agarraron, fue fuerte para mí, porque yo decía: ‘¡Dios mío!’. Era algo que nosotros sí teníamos consciente. Yo había pensado varias veces en renunciar a mi trabajo, pero nunca dije nada. Entonces, si yo hubiese renunciado, no hubiese estado aquí”, señala.

Killy Tatiana llegó a EE UU con su familia cuando tenía 10 años. Cumplió en mayo pasado sus 21 y los celebró —si es que se puede usar esa palabra— por videollamada con su familia en Nueva Jersey. En Bogotá, la recibieron unos tíos, pero para ella, Colombia es un país que no conoce, que ya no es suyo después de tanto tiempo fuera. “Me mantengo encerrada. Me aburro porque mi vida, mi círculo social, es mi mamá, mi hermana, mi sobrina y mi marido. Es un choque bien grande para mí dejarlos a ellos y estar aquí encerrada sin nadie”, cuenta, intentando aguantar las lágrimas.

Su madre y su esposo son conscientes del golpe que le ha supuesto regresar a Colombia y lo sufren también. “Es difícil porque tú estás mandando a una persona que tiene su vida entera aquí. Yo entiendo que son las leyes. La ley hay que respetarla, pero también estamos haciendo un esfuerzo para legalizarla. Es algo sin explicación. Porque tú te sientes vacío, te sientes impotente al saber que no se puede hacer nada”, apunta Yardanis Payero, su marido desde hace dos años, quien reside con María Eugenia en Nueva Jersey.

La familia de María Eugenia entró al país con visados y, como tantas otras familias inmigrantes, se quedó una vez que vencieron sus permisos. Fueron indocumentados durante 10 años, hasta que detuvieron a Killy Tatiana. “Pensábamos que no necesitábamos papeles porque en ese tiempo se podía vivir sin tener papeles. Nunca tuvimos ese afán”, explica ella.

Sin embargo, madre e hija reconocen que empezaron a darse cuenta de que iban a necesitar regularizar su estatus de alguna manera cuando Trump se aseguró la vuelta al poder en 2024. “Desde que empezaron a hacer detenciones, sabíamos que íbamos a correr ese riesgo. Sabíamos que tanto ella como yo somos vulnerables a que en cualquier momento nos pudieran agarrar. Siempre pensábamos qué íbamos a hacer en el momento. Y decíamos: ‘Si me agarran a mí, yo de una vez firmo y me voy”, señala María Eugenia.

Trasladados por todo el país

El recorrido de cuatro detenidos desde el almacén de Avenel (Nueva Jersey) por el sistema de detención del ICE

Fuente: Reconstrucción de EL PAÍS a partir de entrevistas. Ubicaciones aproximadas a nivel de Estado. · Gráfico: J. Figueroa / EL PAÍS

Ese era el plan y se cumplió al pie de la letra. Pero fue desgarrador. Es más fácil hablar en términos hipotéticos que vivirlo en carne propia. María Eugenia llegó a pensar que, porque Killy Tatiana llevaba en Estados Unidos media vida y no tenía antecedentes criminales, existía la posibilidad de que se pudiera quedar en el país tras su arresto: “Teníamos todas las esperanzas, pero el juez dijo que no a la fianza. Y que le daban una deportación, pero con eso no había posibilidades de que volviera a entrar. Entonces le dijeron que era mejor firmar la salida voluntaria”.

Según la legislación estadounidense, una salida voluntaria es un mecanismo que permite a una persona evitar que se dicte una orden de deportación en su contra al aceptar salir del país por sus propios medios. Resulta útil para quienes disponen de una vía legal para regresar a EE UU, como una solicitud de reagrupación familiar, pues elimina la restricción habitual de reingreso de entre cinco o diez años vinculada a las deportaciones.

En el caso de Killy Tatiana, su esperanza es que su esposo, que está tramitando su ciudadanía, pueda traerla de vuelta una vez concluya ese proceso. Sin embargo, es algo que podría demorar años.

“Aquí te traigo las perras”

En los meses que los trabajadores del almacén de Savino del Bene estuvieron detenidos, sus familiares y seres queridos en Nueva Jersey no cesaron en sus esfuerzos para que salieran en libertad, incluso cuando las autoridades los trasladaron a centros de Texas, Ohio o Míchigan. Hasta este último Estado, ubicado en la frontera con Canadá, llegó un grupo de 10 mujeres que fueron detenidas juntas en la redada de octubre. Allí, en el Centro Penitenciario de North Lake, a casi cuatro horas del principal aeropuerto de Míchigan, en medio de un bosque, estas mujeres pasaron los peores meses del gélido invierno del Alto Medio Oeste de Estados Unidos.

Llegaron a Míchigan tras pasar primero por el infame centro del ICE en Newark, a las afueras de Nueva York, llamado Delaney Hall, donde cientos de detenidos han protestado por las pésimas condiciones en las que los mantienen, con comida podrida y visitas restringidas. El traslado desde Nueva Jersey fue de varios días infernales, en los que casi no les ofrecían comida ni agua, según relatan las mujeres a este periódico. Primero llegaron a las “hieleras” de Texas, como se les conoce a las instalaciones migratorias en la frontera sur por sus temperaturas heladas. De allí, viajaron a Ohio para pasar unos días en una cárcel de condado. Al llegar, todas recuerdan que las hicieron desvestirse delante de una funcionaria y ducharse mientras ella observaba. Cuando finalmente llegaron al centro de Míchigan, habían sufrido burlas y humillaciones difíciles de olvidar.

“Cuando el oficial de migración nos estaba entregando al sheriff de la cárcel de Ohio, le dijo: ‘Aquí te traigo a las perras”, recuerda Sofía, una de las mujeres detenidas. “En Míchigan no nos ponían la calefacción. Todos los días sangramos por la nariz del frío. Nos acostábamos juntas hasta que nos calentáramos. Con toallas higiénicas tapábamos los aires. La comida, mala. Uno encontraba pedazos de huesos, dientes, el pan con hongos. Horrible”, asegura otra.

Para sobrevivir, las mujeres forjaron una amistad que aún mantienen tras salir del encierro, uno que para la última en quedar en libertad —una inmigrante ecuatoriana que fue deportada a su país— duró siete meses.

A Sofía, una dominicana de 27 años que prefiere ocultar su verdadero nombre, la recuerdan como la persona que hacía reír a todas, quien le buscaba “el lado amable” a los momentos más oscuros de la detención. A ella la deportaron a República Dominicana el 27 de enero de este año, 91 días después de que la arrestaron en el almacén, donde trabajaba sin papeles. Pese a que vivía indocumentada tras quedarse en EE UU más tiempo del permitido por el visado que obtuvo para entrar hace cinco años, jamás pensó que la pudieran agarrar mientras trabajaba. Su madre, sin embargo, sí lo presentía.

El día de la redada, su madre, de 51 años, viajaba desde Puerto Rico, donde reside, a Nueva Jersey para visitarla sin que Sofía supiera. “Pero antes de llegar, la sorpresa fue esa, que ya a mi hija la habían agarrado. Aunque en ocasiones ya le había dicho que parara de trabajar, ella ha sido siempre muy independiente. Le gusta tener lo suyo”, cuenta aún incrédula la madre, quien también pide proteger su identidad, en una videollamada conjunta con EL PAÍS.

Ambas están separadas ahora por el Canal de la Mona, el estrecho de agua entre la República Dominicana y Puerto Rico, pero sin saber cuándo se podrán volver a ver. Sofía no puede entrar a Puerto Rico debido a que es un territorio estadounidense y, tras ser deportada, tiene prohibido regresar a EE UU durante años. Su madre, aunque tiene permiso para viajar, pues tiene la residencia permanente, no tiene el dinero suficiente para hacerlo a menudo; solo la ha podido visitar una vez.

“Estar cerca y lejos trae su pro y su contra. Es como si tú tuvieras a alguien al lado que quieres visitar, pero no puedes en el momento que tú quieres”, lamenta la madre, aunque no pierde la fe de que de alguna manera pueda sacar a su hija otra vez del país del que emigraron por falta de oportunidades económicas. Sofía, por su parte, sostiene que no quiere regresar a Estados Unidos de manera permanente: “Me siento con, no sé si es vergüenza, de volver a ese país después de lo que me hicieron”.

Libre pero aterrada

En una pared del salón de Daniela cuelga una especie de altar que le recuerda el tiempo que pasó detenida. O más bien, lo que le permitió mantener la cordura los más de dos meses que estuvo encerrada después de la redada en Avenel: la fe. Durante las semanas que el grupo de mujeres pasó en Míchigan, Daniela, cuyo nombre real es otro, conoció a Dios. Se bautizó en el propio centro de detención; todavía muestra su certificado de bautizo con orgullo y agradecimiento.

Para sobrevivir el paso de los días, Daniela estudió la Biblia. Empezó a copiar versículos y oraciones en cartulinas de colores cada vez que las guardias del centro eran lo suficientemente amables como para prestarle un sacapuntas. Escribió cartas para sus dos hijos, que nunca llegó a enviarles, pero que fue acumulando en un libro. Hoy, en su apartamento de sótano en Elizabeth, algunos de esos escritos cubren una de las paredes de su sala.

Daniela, de 45 años, llegó a Nueva Jersey hace 10. Agarró a sus dos hijos y huyó de Colombia, donde estaba amenazada de muerte. En Estados Unidos pidió asilo y recibió su número de Seguridad Social y su permiso de trabajo. “Ahí empecé a trabajar. Empecé a hacer los taxes. Siempre hice todo bien. A mí la abogada desde un principio me dijo: ‘Nunca pida ayuda acá en el país, nunca’. Y eso hice. Nunca pedí absolutamente nada acá. Siempre trabajé, siempre aprendí a hacer de todo, pegar pisos, tapetes de construcción, pintar, de todo. Saqué a mis hijos adelante”, cuenta.

Esperaron años por su cita de asilo. Finalmente, les tocó en agosto pasado. Fue con sus hijos y abogada a hacer la entrevista. En medio de ella, el funcionario “se paró, se fue y llegaron los del ICE”. “Entraron seis agentes. Pusieron a mi hijo contra la pared, le pusieron unas cadenas y se lo llevaron”, recuerda, aún conmocionada.

Su hijo mayor, de 24 años, casado con una ciudadana estadounidense, estuvo 100 días encerrado. En ese tiempo agarraron a Daniela también en la redada en el almacén aduanero. El hijo menor de la colombiana, de 19, se quedó solo; tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar para mantenerse a sí mismo.

“Fue muy duro, pero yo digo que Dios tiene un propósito porque salimos los dos libres. Es una bendición”, señala la madre. Cuando su hijo salió de su detención, ella todavía seguía. Cuando por fin le tocó, tras pagar una fianza de 10.000 dólares, su hijo manejó 27 horas para recogerla en Míchigan el 10 de enero. Habían pasado las primeras Navidades de sus vidas separados.

De vuelta en su casa, sin embargo, el tormento no ha terminado. “Cuando salí, me encerré un mes acá. Subí 13 kilos por la ansiedad. Las ventanas las mantenía cerradas, no salía ni a la puerta. Mantenía la mirada, que pronto no fueran a tocar en la puerta. O sea, fue una zozobra horrible”, describe Daniela. “Volver a reintegrarse a la sociedad, cuesta. A mí me ha costado mucho”. No ha ayudado el hecho de que por su barrio han continuado arrestando a personas. El día antes de recibir a EL PAÍS en su hogar, asegura que detuvieron a un migrante a la vuelta de la esquina.

De su petición de asilo sabe poco. Cuenta que le dieron varias citas en la corte, pero las cancelaron: “Cuando me meto en la aplicación, dice que este caso está pendiente”. “Hace como dos meses me llamaron de una oficina de asilo. Que tenía que ir con una ID para recoger un papel. Y le dije: ‘No, mi linda, yo por allá no voy a ir”. Sabe bien el riesgo que supone salir de su casa, así que prefiere dejarlo en las manos de Dios.