La senda fiscal del Gobierno, que fija los objetivos de déficit y que resulta indispensable para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, chocó ayer con la mayoría del Congreso de los Diputados. Tras esa derrota, el Ejecutivo debe presentar de nuevo el texto (idéntico o con cifras renovadas). Si es rechazado por segunda vez, se abre un escenario inexplorado. La Moncloa espera que Junts suavice su hostilidad parlamentaria a partir de mañana jueves, cuando la justicia europea se pronuncie sobre la amnistía al procés. Si el tribunal de la UE la considera conforme al derecho europeo, confía el Ejecutivo, será más fácil negociar con el grupo de Carles Puigdemont. Nada, sin embargo, garantiza ese giro de los acontecimientos y el intento de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para el año próximo sigue hoy tan lejos de prosperar como cuando lo anunció el presidente, Pedro Sánchez.
La derrota formaba parte de lo esperado. Salvo sorpresa, las metas de déficit y el reparto entre Administraciones para 2027 se mantendrán en el documento que se someta a la siguiente votación, previsiblemente el 23 de julio. El déficit del 1,8% para el conjunto de las Administraciones se desglosa en un 1,5% para la central, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas. Los ayuntamientos están obligados al equilibrio.
La mayoría de las comunidades han fundamentado su rechazo en que las cifras no son realistas. Pero el escenario será mucho más adverso si el Ejecutivo reformula los objetivos. Hacienda pretende imponer el déficit cero si el texto parlamentario no prospera. Es decir, en lugar de esa décima de desequilibrio, las Administraciones autonómicas deberían abandonar los números rojos, lo que implicaría un ajuste adicional cercano a los 6.000 millones de euros.
Se trata, en todo caso, de escenarios muy hipotéticos. Si el Gobierno no logra sacar adelante este primer requisito para elaborar las cuentas públicas de 2027, se teme que renuncie a seguir adelante. Hacienda insiste en que presentará proyecto de Presupuestos, pese a todo. El fracaso final de las cuentas indicaría el momento de convocar elecciones después de toda una legislatura sin cuentas (todas se han ido prorrogando desde 2023). Más allá de los intereses políticos de cada grupo, el Gobierno tiene la obligación de presentar su proyecto. Y los grupos parlamentarios deben, en la medida de lo posible, facilitar que se tramite. En caso contrario, no resultarán creíbles las críticas a la falta de iniciativa gubernamental en este terreno.

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