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Una investigación basada en más de 140 correos electrónicos internos reveló una estrecha coordinación entre funcionarios de probation del condado de Canyon, en Idaho, y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según documentos internos obtenidos por una investigación periodística, los empleados avisaban cuando determinadas personas bajo supervisión judicial llegaban a sus citas programadas. En la lista habían incluido 82 individuos nacidos fuera de Estados Unidos, aunque no habían verificado que todos estuvieran en el país de manera irregular.
La investigación, realizada por InvestigateWest y distribuida por The Associated Press, revisó más de 140 correos electrónicos intercambiados entre mayo y julio de 2026. Los documentos muestran no solo avisos sobre horarios y citas, sino también la elaboración de una denominada “foreign born list” ?lista de nacidos en el extranjero? para las autoridades migratorias.
Los intercambios ocurrieron en Canyon County, al oeste de Boise, y muestran cómo empleados del Departamento de Probation por delitos menores compartieron durante 2026 información con la oficina local de ICE.
El punto más controvertido es que los funcionarios del condado no habían comprobado de forma independiente que todas las personas incluidas estuvieran indocumentadas.
“Está aquí”: el mensaje enviado a agentes de ICE
Uno de los intercambios documentados ocurrió en mayo. Una funcionaria de probation informó a seis agentes de ICE que un hombre tenía previsto acudir a su control habitual a las 7:30 de la mañana del 14 de mayo.
Cuando la persona llegó unos minutos antes de la cita, la funcionaria volvió a escribir a los agentes para informarles que el hombre ya se encontraba allí y consultar si iban en camino. Los documentos publicados no permiten determinar si ICE finalmente arrestó al hombre durante aquella cita.
Los correos muestran que no fue un contacto aislado. Funcionarios del condado enviaban a agentes migratorios información sobre fechas y horarios en los que determinadas personas debían presentarse, y en algunos casos consultaban a ICE si alguien que había dejado de acudir a sus controles se encontraba bajo custodia federal.
Las personas involucradas estaban bajo probation, un régimen de supervisión en la comunidad vinculado a una condena y que puede exigir presentarse periódicamente ante un funcionario, entre otras condiciones.
La lista enviada a ICE contenía 82 personas
Los documentos también revelaron la creación de una lista para ICE. El 3 de junio, una funcionaria escribió que estaban trabajando en un procedimiento para mantener actualizada una “lista de nacidos en el extranjero” destinada a la agencia federal.
Dos días después, el director del Departamento de Probation por Delitos Menores de Canyon County pidió a sus empleados que revisaran sus expedientes e identificaran a personas que creyeran que podían encontrarse irregularmente en Estados Unidos para que ICE verificara posteriormente su situación.
Sin embargo, los mensajes muestran que al menos algunos empleados utilizaron como criterio el lugar de nacimiento, algo que por sí solo no determina el estatus migratorio de una persona.
Uno de los funcionarios explicó que había incluido a todos los individuos de sus archivos que habían declarado en el formulario de ingreso haber nacido fuera de Estados Unidos. Otro señaló a una persona porque durante una detención anterior únicamente había presentado una identificación mexicana.
La versión de la lista entregada a InvestigateWest contenía 82 personas.
Más de la mitad —el 54%— estaba bajo probation por conducir bajo los efectos del alcohol. Otras cinco tenían casos relacionados con drogas y, nueve, estaban bajo supervisión por alteración del orden público.
Solo siete de las 82 personas figuraban con un “ICE hold”, es decir, una alerta migratoria previa identificada en los registros revisados por el condado.
La investigación subraya un punto central para comprender el alcance del caso: una persona nacida en otro país puede ser ciudadano estadounidense naturalizado, residente permanente con Green Card, solicitante de asilo, beneficiario de otro estatus migratorio o encontrarse sin autorización migratoria. Por ello, el lugar de nacimiento por sí solo no permite determinar si alguien está legalmente autorizado para permanecer en Estados Unidos.
Jeff Breach, director del Departamento de Probation por Delitos Menores del condado, explicó a InvestigateWest que la lista incluía personas cuyo lugar de nacimiento era otro país y también podía contener individuos que ya hubieran sido señalados mediante una alerta migratoria.
Breach sostuvo que determinar la presencia legal o estatus migratorio corresponde a las autoridades federales, no al departamento del condado. También afirmó que ICE ha solicitado este tipo de información durante diferentes administraciones y que su oficina coopera con la agencia federal de manera similar a como lo hace con otras fuerzas del orden.
El funcionario declinó conceder una entrevista y respondió las preguntas de los periodistas por correo electrónico.
En estados vecinos, como Washington y Oregon, existen normas que restringen determinados tipos de cooperación entre organismos locales y autoridades migratorias federales.Crédito: Ryan Murphy – Archivo | APIdaho reforzó su cooperación con ICE
El caso ocurre en un estado que durante los últimos años ha aumentado formalmente su colaboración con las autoridades federales de inmigración. En febrero de 2025, el gobernador republicano Brad Little firmó una orden ejecutiva que instruyó a organismos estatales a revisar sus políticas para garantizar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración y ordenó a la Policía Estatal de Idaho continuar cooperando con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales.
Meses después, Idaho State Police firmó un acuerdo con ICE bajo el programa 287(g), que permite delegar determinadas funciones migratorias a agentes estatales y locales bajo supervisión federal.
En el caso de la policía estatal de Idaho, el gobernador indicó que las facultades se utilizarían para mantener bajo custodia y transportar desde cárceles locales hacia instalaciones de ICE a personas detenidas por otras agencias y sujetas a acciones migratorias.
La cooperación documentada entre el Departamento de Probation de Canyon County e ICE no debe confundirse automáticamente con ese acuerdo específico de la Policía Estatal: los correos revelados corresponden a la coordinación realizada por funcionarios del condado.
Canyon County tiene una importante comunidad latina
Canyon County es el segundo condado más poblado de Idaho y posee una importante actividad agrícola. Aproximadamente 27% de su población es latina, y el sector agrícola local depende en gran medida del trabajo de inmigrantes.
La región ya había quedado en el centro de la discusión migratoria después de un operativo realizado en octubre de 2025 en un hipódromo de Wilder, donde más de 100 personas fueron detenidas.
Ese procedimiento derivó posteriormente en una demanda de la ACLU de Idaho presentada por familias latinas que alegaron haber sido detenidas y perfiladas racialmente pese a que entre ellas había ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
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Abogados advierten sobre el riesgo para personas con estatus legal
Abogados migratorios consultados por InvestigateWest cuestionaron especialmente el uso del nacimiento en otro país como criterio inicial para incluir personas en una lista destinada a ICE.
La preocupación es que una persona con estatus migratorio legal —e incluso un ciudadano naturalizado— pueda quedar inicialmente señalada para una revisión simplemente por haber nacido fuera del país.
Eso tampoco significa que todo residente legal sea inmune a procedimientos migratorios. Determinadas condenas pueden tener consecuencias migratorias incluso para algunas personas con Green Card, dependiendo del delito, la condena y las circunstancias individuales.
Si bien la investigación no determinó cuántas de las personas incluidas en la lista de Canyon County fueron finalmente contactadas, detenidas o puestas bajo custodia de ICE, el caso vuelve a poner sobre la mesa un delicado tema: la expansión de la cooperación migratoria entre Washington y los gobiernos locales y el tipo de información que las autoridades estatales y municipales comparten sobre los inmigrantes.
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