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06 Ago 2026, 21:41 PM EDT
En un nuevo revés para Donald Trump, un juez federal de California ordenó a la administración del republicano restablecer los pagos destinados a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia legal a menores inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos, después de que el gobierno dejara de entregar recursos durante meses pese a una orden judicial previa.
La resolución, emitida por la Corte Federal del Distrito Norte de California en el caso Community Legal Services in East Palo Alto contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos, obliga al gobierno a liberar antes del mediodía del viernes 7 de agosto los fondos retenidos para cubrir servicios legales proporcionados a niños inmigrantes no acompañados desde diciembre de 2025.
El fallo establece que la administración federal debe pagar a las organizaciones que forman parte de una red nacional de casi 100 proveedores especializados, aunque la decisión no resuelve la incertidumbre sobre el futuro del programa, debido a que el contrato federal que sostenía estos servicios expiró el pasado 31 de julio sin una renovación inmediata.
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A federal court has ordered the Trump administration to pay more than $65 million previously withheld from the legal service providers who continued standing beside unaccompanied immigrant children despite months of non-payment. pic.twitter.com/kRCNjn8hkn
La jueza reconoció que la falta de continuidad financiera dejó en riesgo la representación legal de miles de menores y ordenó al gobierno presentar, antes del 13 de agosto, un informe sobre las medidas que garantizarán la permanencia del apoyo jurídico.
El conflicto comenzó en marzo de 2025, cuando la administración Trump intentó cancelar el financiamiento para la representación legal de menores inmigrantes no acompañados. Un tribunal bloqueó esa medida el 1 de abril de ese año y posteriormente emitió una orden preliminar el 29 de abril para mantener la protección mientras avanzaba el litigio.
La base legal del programa se encuentra en la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata (TVPRA), aprobada por el Congreso en 2008, que establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), debe garantizar que los menores inmigrantes no acompañados tengan acceso a representación legal “en la mayor medida posible”.
Sin embargo, organizaciones defensoras denunciaron que el gobierno dejó de pagar los servicios prestados desde diciembre de 2025, lo que obligó a varias organizaciones a recurrir a fondos de emergencia, reducir personal y limitar su capacidad de atención.
“Todavía no sabemos cuántos niños pagaron el precio por la ilegalidad de esta administración. Mientras el gobierno retenía fondos en desafío a sus obligaciones, los niños quedaron enfrentando procesos de deportación solos y algunos pudieron haber sido devueltos al mismo abuso, persecución y peligro del que huyeron”, afirmó Álvaro M. Huerta, director de Litigio y Defensa del Immigrant Defenders Law Center.
Por su parte, Adina Appelbaum, directora del programa del Amica Center for Immigrant Rights, señaló que “cada pago retenido amenaza el acceso de un niño a representación legal, al debido proceso y a la seguridad. Cuando los fondos se utilizan como herramienta de presión, los niños inmigrantes son quienes quedan solos ante decisiones que pueden cambiar sus vidas”.
La resolución ocurre mientras la administración Trump impulsa medidas para acelerar deportaciones de menores inmigrantes y modifica el esquema tradicional de representación legal.
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