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12 Ago 2026, 18:19 PM EDT
Nueva York puso en marcha una respuesta estatal ante el vacío que dejó la interrupción del programa federal de asistencia legal para menores inmigrantes no acompañados. La gobernadora Kathy Hochul anunció este miércoles una asignación de $7.25 millones de dólares para brindar representación jurídica a unos 1,400 niños y adolescentes que enfrentan procesos migratorios, incluidos más de 250 que permanecen detenidos y podrían ser deportados.
El anuncio ocurrió junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la fiscal general estatal, Letitia James, quienes cuestionaron las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump y defendieron la necesidad de que los menores tengan abogados durante sus procedimientos.
“Ningún niño en nuestro estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores y apoyo legal”, afirmó Hochul.
El financiamiento estatal busca cubrir la interrupción provocada por el vencimiento, el pasado 31 de julio, del contrato federal que durante años permitió a Acacia Center for Justice coordinar servicios legales para niños que llegaron a Estados Unidos sin sus padres o un tutor.
La decisión llegó en medio de una disputa más amplia entre organizaciones defensoras de inmigrantes y el gobierno federal sobre el futuro de este programa.
Cabe recordar que la falta de pagos y la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios legales ya habían provocado una batalla judicial.
Como parte del contexto de esta nueva medida, un juez federal ordenó la semana pasada a la administración Trump liberar alrededor de $65 millones de dólares en pagos atrasados para organizaciones que habían representado a menores inmigrantes no acompañados. Los recursos habían permanecido retenidos desde diciembre de 2025.
El conflicto se remontaba a marzo de 2025, cuando la administración Trump intentó poner fin al financiamiento federal para la representación legal de estos menores. Un tribunal bloqueó inicialmente esa decisión y posteriormente mantuvo la protección mediante una orden judicial, de acuerdo con el Justice Action Center.
La situación llegó a un punto crítico cuando expiró el contrato con Acacia. Ese acuerdo sostenía una red de casi 100 organizaciones que proporcionaban asistencia jurídica a menores en distintos estados.
El gobierno federal anunció entonces un nuevo contrato de hasta $150 millones de dólares para sustituir el esquema anterior. El beneficiario previsto era Burke Law Group, un pequeño despacho de Houston con experiencia limitada en derecho migratorio, lo que provocó cuestionamientos entre organizaciones especializadas.
Ante esta incertidumbre, Nueva York decidió intervenir con recursos propios. La Oficina estatal para Nuevos Americanos comenzó a formalizar contratos con una coalición de proveedores de servicios legales encabezada por la Federación Hispana, con el objetivo de mantener la representación de los menores afectados.
El gobierno de Hochul señaló que los niños que llegan solos a Estados Unidos enfrentan riesgos particulares de explotación, abuso y trata, además de tener que comprender un sistema migratorio complejo mientras pueden encontrarse detenidos o separados de sus familiares.
La preocupación no se limita a Nueva York. Organizaciones defensoras de los inmigrantes han advertido que la interrupción de los servicios legales puede aumentar el riesgo de que los menores enfrenten sus procedimientos sin un abogado, una situación especialmente delicada cuando una decisión migratoria puede terminar con una orden de deportación.
La representación legal tampoco constituye una garantía de permanencia en Estados Unidos. Su importancia radica en que permite que los menores conozcan sus opciones y puedan presentar ante un juez cualquier argumento o solicitud de protección que corresponda a su caso.
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