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El activista palestino y exestudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, presentó este jueves una demanda por $20 millones de dólares por daños contra la Administración Trump, a la que acusa de detención ilegal y persecución motivadas por su papel en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza.
Khalil ahora libre bajo fianza y de regreso a su hogar en Nueva York, acusa al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y al Departamento de Estado de encarcelamiento falso, procesamiento malicioso y difamación, incluido ser calificado erróneamente de antisemita, después de su arresto y detención en marzo.
Khalil, quien fue liberado el pasado 20 de junio tras pasar más de 100 días en un centro de detención migratoria en Luisiana, sostiene que fue arrestado sin orden judicial el 8 de marzo por agentes federales vestidos de civil, quienes se negaron a mostrar una orden y que abusaron de él de manera “inconstitucional”.
Según la demanda, fue trasladado a un centro en Luisiana, cuyo paradero fue ocultado a su familia y abogados, y durante su reclusión se le negó medicación, fue obligado a dormir bajo luces fluorescentes y recibió alimentos en mal estado, lo que le hizo perder siete kilos.
La demanda señala directamente como responsables al presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y al Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Khalil fue privado de libertad y los funcionarios del ICE llevaron a cabo un arresto ilegítimo y sin órdenes en su casa. Posteriormente lo esposaron, le pusieron grilletes y lo transportaron desde Nueva York a Luisiana”, detalla el texto de la demanda.
Ese tratamiento causó en el activista “grave estrés emocional, daño económico y daño a su reputación, por lo que el señor Khalil busca que se le reconozcan daños para compensar lo sufrido”.
Khalil ha declarado que, de obtener una compensación, la compartirá con otras personas afectadas, víctimas de lo que llamó un intento fallido de la Administración Trump de reprimir la libertad de expresión en apoyo al pueblo palestino.
Gobierno de Trump califica de absurdo
En respuesta a la presentación, el Departamento de Seguridad Nacional respondió agresivamente y la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó la demanda de “absurda” y acusó a Khalil de “retórica de odio” contra estudiantes judíos, a pesar de que él siempre distinguió entre judíos y el Estado de Israel.
Mientras tanto, el Departamento de Estado dijo que sus acciones con respecto a Khalil fueron legales y apropiadas.
La administración Trump elogió públicamente el arresto de Khalil y prometió deportarlo junto con otros involucrados en las protestas contra Israel que calificó de “actividad proterrorista, antisemita y antiestadounidense”.
El gobierno dijo que sus acciones iban en contra de la política exterior estadounidense, utilizando esto como motivo para detenerlo y solicitar su deportación, sin embargo, no procedió
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