“El anuncio del Gobierno sobre el aplazamiento del debate de las enmiendas a la totalidad a la ley que establece la jornada máxima legal en 37,5 horas semanales, previsto inicialmente para el 22 de julio, constituye una decisión que no compartimos”. Así arranca el comunicado conjunto que UGT y CC OO han publicado a última hora de este martes, en el que cargan contra la decisión del Ministerio de Trabajo de dejar este debate parlamentario para después del verano. El departamento de Yolanda Díaz ha justificado el anuncio en que aún necesitan más tiempo para amarrar el apoyo de Junts y que el “clima político”, ante la presunta corrupción en el seno del PSOE, dificulta las negociaciones.
El comunicado de los sindicatos es relevante porque son el soporte del texto que Trabajo ha llevado al Parlamento, tras el rechazo de las patronales al mismo, justo la negativa que sirve a los grupos de derechas para justificar su posición contrario. Entre ellos están PP, Vox y Junts, grupo con el que Trabajo sigue negociando, pero que de momento mantiene una enmienda a la totalidad contra el proyecto.
CC OO y UGT dicen que este “retraso no justificado del trámite de la ley” está teniendo “efectos directos en el mundo del trabajo”. Entre ellos, habla de la privación de “un derecho a la mayoría de las personas trabajadoras y sobre todo a las más vulnerables que sufren la precariedad de largas jornadas no retribuidas y contratos a tiempo parcial involuntario, afectando más intensamente a las mujeres”.
A la vez, los dos sindicatos que respaldaron el acuerdo con Trabajo señalan que el aplazamiento complica la negociación convenio a convenio: “La incertidumbre también está bloqueando las mesas de negociación colectiva, donde muchas patronales se escudan en la falta de claridad legislativa para frenar avances. Este bloqueo puede desembocar en un otoño especialmente conflictivo en términos laborales”.
“Por todo ello, reclamamos con urgencia que se reanude de forma inmediata la tramitación parlamentaria de esta ley, nacida del diálogo social y fruto del acuerdo entre el Gobierno, CC OO y UGT. Exigimos, además, la retirada de las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos parlamentarios, que impiden el debate democrático de una norma de profundo calado social”, agregan los dos sindicatos de clase.
Estaba previsto que la enmiendas a la reducción de jornada se votaran el próximo martes 22 de julio, pero fuentes del departamento de Yolanda Díaz han confirmado este martes que cambian la hoja de ruta porque, de momento, no han conseguido amarrar el respaldo de Junts y “no se dan las condiciones” para ese debate parlamentario por la presunta corrupción que afecta a ex altos cargos del PSOE y el encarcelamiento del ex número tres socialista, Santos Cerdán. A la vez, Trabajo aprovecha para dejar claro que la negociación va por buen camino y lo hace con un comunicado “consensuado”, según el ministerio, con Junts. El grupo de Carles Puigdemont matiza que es un texto “del Gobierno”, y niega que haya pedido más tiempo para continuar negociando.