Los países de la UE apenas sanearon sus cuentas públicas en 2023

El ministro de Finanzas francés, Bruno le Maire, escucha al alemán, Christian Lindner, en una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo.JULIEN WARNAND (EFE)

La realidad empieza a demostrar que va a ser muy difícil cuadrar el círculo de sanear las cuentas públicas y reducir deuda en los países de la UE al tiempo que se invierte para no perder el tren de las transiciones medioambiental y digital, además de aumentar la partida de Seguridad y Defensa. El déficit público el año pasado, tanto en la UE como en la zona euro, apenas se movió: un 3,5% y un 3,6% del PIB, respectivamente. Son cifras casi iguales a las de 2022, con alguna décima arriba o abajo. Y la caída de la deuda, por su parte, ha perdido bastante fuerza. En 2023 en el área monetaria se quedó en una cantidad equivalente al 88,6% del PIB, dos puntos menos que a finales del ejercicio anterior, según los datos de Eurostat. Es decir, el ritmo de ajuste se recordó justo a la mitad del de los 12 meses anteriores.

Europa está estancada: no acaba de caer en la recesión, pero tampoco arranca. En 2023 su economía no mostró vigor alguno y cuando eso ocurre, reducir el déficit y la deuda pública se convierte en una tarea muy complicada. Alemania, por ejemplo, la gran economía de la UE, donde el halcón partidario del rigor fiscal Christian Lindner es ministro de Finanzas, no pudo reducir el agujero en su cuentas públicas ni una décima: unos números rojos del 2,5% del PIB en 2022 y lo mismo en 2023. Su economía varada le dificulta mucho el objetivo.

Por el contrario, España es el país grande de la UE donde más crece la economía y eso facilita mucho el trabajo del Ministerio de Hacienda: aumenta la recaudación y, además, el denominador de la ecuación sobre la que se calcula el déficit y la deuda crece. Por tanto, el resultado de la operación es más favorable: en 2023 el déficit español bajó al 3,66% del PIB y la deuda se redujo al 107,7%. En solo 12 meses el pasivo total cayó en cuatro puntos respecto al año anterior y en 13 respecto a 2020, cuando la crisis provocada por la pandemia lo llevó máximos.

La mejora no evitará que la Comisión Europea abra un expediente a España —y a varios países más— por superar el 3% de déficit público, pero ayuda bastante a uno de los propósitos de Madrid: alejarse de otros países en peor situación fiscal, principalmente Italia y Francia. El primero cerró el ejercicio pasado con un déficit del 7,4% del PIB y una deuda del 137,7%. El segundo lo hizo con un 5,5% y un 110,6% del PIB, respectivamente.

El país que, desde luego, sí que se ha alejado mucho de ese pelotón de países señalados como los malos alumnos fiscales de la UE (también estarían Grecia y Bélgica en ese grupo) es Portugal. El Gobierno saliente de António Costa dejó unas cuentas públicas muy mejoradas respecto a lo que se encontró al llegar y, sobre todo, en una senda de saneamiento muy consolidada: de 2020 a 2023 la deuda pública ha pasado del 135% del PIB al 99,1%. Y el año pasado el presupuesto público portugués registró más ingresos que gastos, un superávit del 1,2%.

La imagen estadística divulgada este lunes por Eurostat es la que servirá de punto de partida para las nuevas reglas fiscales de los Veintisiete, que finalmente se votan este martes en el Parlamento Europeo y culminan su última gran etapa significativa. Todavía faltarán pasos formales en el Consejo de la UE, pero lo más probable es que antes de acabar abril ya estén aprobadas y comience el camino para el diseño de las nuevas sendas de ajuste que tendrán que seguir los países que superen una cantidad equivalente al 60% del PIB en deuda pública y un 3% de déficit, las reglas básicas que recogen los tratados comunitarios.

El objetivo que persiguen las nuevas normas, en teoría, es reducir el gran volumen de deuda pública que han acumulado bastantes Estados miembros después de tres crisis sistémicas muy seguidas (la financiera de 2008, la provocada por la pandemia y el shock de inflación provocado por la invasión de Ucrania por Rusia) dejando espacio para las inversiones que exigen los objetivos de descarbonización o el refuerzo de la Defensa, por ejemplo. Y todo ello sin dejar de lado que el continente envejece y eso tiene un coste en el presupuesto público y lastra la productividad.

Esa inversión será necesaria si se quiere desencallar la economía europea, pero las cifras que se manejan son tan ingentes —una inyección de 800.000 millones de euros al año entre el sector público y el privado— que el reto se antoja a algo muy parecido al imposible de soplar y sorber al mismo tiempo. Para tratar de compatibilizarlo, han surgido propuestas como la integración del mercado único planteada por el informe Letta o la creación de herramientas comunes de inversión, como se espera que proponga el informe que la Comisión ha encargado al expresidente del BCE, Mario Draghi.

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