En la puerta de la cárcel de Villabona (Asturias), a las nueve de la mañana, la madre de una de las integrantes del grupo de sindicalistas conocido como Las Seis de la Suiza (en realidad cinco mujeres y un hombre) mira a su hija y luego pregunta, con preocupación: “¿Y te harán una foto de esas que se ven con los números, de frente y de lado?”. La hija, que tiene unos 30 años y que habla poco, no lo sabe. Se encoge de hombros. Ni ella ni nadie en el grupo lo sabe. Tampoco lo saben los pocos familiares y acompañantes que se han acercado este jueves 10 de julio hasta la cárcel para despedir a los acusados, que entrarán en la cárcel en dos horas. Al final uno de los acompañantes que ha dado clases de teatro a reclusas durante un tiempo confirma por internet y asegura: “Sí que te hacen, pero no es como en las películas, te hacen una foto, te dan un número y ya está”. La respuesta no tranquiliza a la madre, que acaricia en silencio el hombro de su hija, que a su vez mira con aprensión a la puerta del penal.
Ninguno sabe qué pasa detrás de esos muros porque nadie de este grupo ha estado en la cárcel nunca ni tiene antecedentes penales. Todos, en torno a la treintena, cinco mujeres y un hombre, son o eran miembros del sindicato CNT. La mujer abrazada a la madre preocupada por la foto es la trabajadora de la pastelería La Suiza, de Gijón, cuya denuncia inició todo: un episodio que nació como un incidente laboral como hay miles en toda España y que ha terminado, casi nueve años después, con los seis sindicalistas encarcelados, condenados a tres años y seis meses cada uno por coacciones graves y obstrucción a la justicia. Ellos trataron de ayudar a una trabajadora; el juez ha entendido que esa ayuda —con la colaboración de la interesada— se convirtió en algo muy cercano a la extorsión. El caso ha terminado por trascender y colarse en la agenda política y sindical española: 22 asociaciones sindicales españolas reclaman al Gobierno un indulto, petición a la que se ha sumado el Gobierno Asturiano. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que trabaja ya para que la medida de gracia se haga efectiva cuanto antes. Paralelamente, cientos de personas, según Efe, se manifestaron el jueves por la tarde, horas después de que los sindicalistas entraran en la cárcel, para pedir su libertad. No es la primera manifestación ni será la última.
Desde la otra parte, la familia del propietario de la panadería adelanta que si el Gobierno concede el indulto lo recurrirá al día siguiente ante el Tribunal Supremo. Los abogados de Los Seis de la Suiza han solicitado ya el tercer grado penitenciario para que los sindicalistas puedan ir a dormir a casa. El hijo del propietario de la panadería, Pablo Álvarez Meana, responde que también recurrirán esa ventaja penitenciaria. La familia promete no dar tregua. Por lo pronto, las Seis de la Suiza han estado tres días en prisión. Un portavoz de la CNT comenta que el grupo está “fuerte” y que pasan bien la noche.
Todo empezó el 15 de junio de 2015, cuando, según recoge la sentencia del juzgado número 1 de Gijón, la trabajadora de la pastelería, que estaba embarazada, empezó a sentirse mal y quiso irse a casa. El dueño no lo permitió, según la CNT. La mujer avisó a su pareja. Éste discutió con el propietario y de un manotazo, estropeó uno de los frigoríficos. La mujer se fue después a casa y se acogió a una baja por riesgo de aborto. El propietario denunció a la pareja de la mujer. Meses después, en marzo de 2017, la trabajadora acudió a la CNT para que le ayudaran a negociar su despido porque no quería nunca volver a trabajar allí. Aún disfrutaba de la baja de maternidad y explicó que el mero hecho de pensar en regresar al obrador de la pastelería -donde ella trabajaba junto al propietario- le desencadenaba crisis de estrés y ansiedad debido a que, según denunciaba, había sido objeto de acoso laboral y sexual por parte de él. Este último extremo se juzgó aparte y fue archivado por falta de pruebas. A su vez, el propietario acusó a la trabajadora de denuncia falsa, pero el caso se desestimó.
Mientras, los miembros del sindicato se hicieron cargo del asunto y trataron de llegar a un acuerdo con el propietario de la pastelería. Hubo una reunión a la que, por parte del sindicato, acudió Héctor González, entonces secretario general de CNT Gijón, entre otras personas. Pidieron una indemnización de poco más de 6.000 euros por varios conceptos (pago de horas extras, días de vacaciones, despido improcedente...) y, además, que retirara la denuncia contra la pareja. “Era una manera de querer zanjar el asunto de una vez. Podíamos haber regateado. Lo que queríamos era negociar”, aseguraba el miércoles pasado González. El propietario no estuvo de acuerdo. Y el sindicato decidió presionar a la puerta de la pastelería, situada en una larga calle comercial de dos carriles por sentido, la avenida Schultz. Desde mayo a septiembre, los miembros de la CNT organizaron 15 concentraciones frente a la pastelería, un negocio pequeño, donde trabajaban —además del propietario, su mujer y su hija— dos empleados más. La mitad de las concentraciones fueron comunicadas a la Delegación del Gobierno. La otra mitad, no. A las primeras iba solo una docena de personas (todas de la CNT). Después se fue sumando gente, muchas veces vecinos del barrio. Hubo ocasiones que frente a la pastelería se congregaron más de 80 manifestantes. “No eran violentas, pero a veces intimidaban a los que iban a comprar. Yo a veces iba a tomar un café y me insultaban por eso”, comenta una vendedora de un comercio cercano. Las concentraciones duraban entre una hora y una hora y media. Se coreaban gritos de “acosador” y “vete ya”. En un par de ocasiones, se lanzaron un par de petardos y un par de bombas fétidas. ”No creo que eso sean coacciones", comentaba Héctor González el miércoles pasado, que recordaba, para comparar, episodios de lucha sindical en Gijón en los que se colgaban autobuses de las grúas de los astilleros.

La sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, asegura que el propietario se vio obligado a cerrar el negocio por la presión y a cambiar de ciudad, con “grave quebranto económico y psicológico”. Ahora ha abierto una nueva pastelería en Oviedo. Los sindicalistas replican que la pastelería estaba en venta antes de que todo empezara. “Mis padres querían traspasar la pastelería antes de que todo esto empezara, es verdad, e irse a Andalucía”, explica el hijo, Pablo Álvarez Meana. “Pero al final, debido a lo que pasó, la malvendieron deprisa y corriendo, perdiendo dinero: por eso la sentencia pide una indemnización de 120.000 euros”. Este importe fue abonado en parte por el sindicato y en parte a base de conseguir fondos a base de rifas, donativos y conciertos, según la CNT.
Abrazar a los padres
Este jueves, a las 11 de una mañana soleada, más de ocho años después de las concentraciones —cuando ya no hay rastro de pastelería en la avenida Schultz y en su lugar hay un almacén de un supermercado— los seis sindicalistas se disponen a entrar voluntariamente en la cárcel. Se abrazan a sus padres y a sus parejas, llaman por teléfono a sus hijos pequeños para despedirse. Héctor González y su mujer, Rosa Blanca, también miembro de Las Seis de la Suiza, ingresarán juntos. Dejarán a su hijo, de diez años, al cuidado de sus abuelos. Todos tienen trabajo: profesores, taxistas, cuidadores sociales, veterinarios... Rosa Blanca es cantante en una orquesta. Le avisaron de que tenía que ir de inmediato a la cárcel el miércoles por la tarde, de camino a unos bolos en Burgos. “El resto de la orquesta me dejó en una gasolinera para que vinieran a recogerme”, explica. “Espero que esto dure poco y poder aprovechar el verano, que es cuando más galas tenemos”. La mayoría no son partidarios de hacerse fotos de frente, ni que se les identifique con su nombre en el artículo. No quieren que se les reconozca en Gijón, da la impresión de que no quieren ser ya héroes sindicales. Están cansados del caso, deseando que el juez se olvide de ellos y poder regresar a su vida de antes. Pero la familia propietaria de la pastelería jura que no va a olvidar: “Haremos lo posible para que cumplan entera su condena, para mí no son sindicalistas: son delincuentes”, asegura el hijo Pablo Álvarez Meana, que en su cuenta de X (antes Twitter) se define, entre otras cosas, como “Asesor de Seguridad del Presidente Donald Trump” y “ANTICOMUNISTA”.
