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La Real Federación Española de Fútbol puede vivir otro episodio que realce los numerosos escándalos que acompañan a la institución en los últimos años. El lunes, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, anunció que se encuentra en conversaciones con la FIFA para que esta tome medidas respecto a la gobernanza de la institución y a la parálisis que han provocado en el proceso electoral las detenciones de dirigentes federativos por parte de la UCO en el marco de la Operación Brody. Si las negociaciones entre el CSD y la FIFA desembocan finalmente en la intervención de la federación por parte del máximo organismo rector del fútbol mundial, habrá cambios drásticos tanto en la dirección y gestión federativas como en el proceso electoral. El bochorno que supone que una federación sea intervenida por la FIFA será el fiel reflejo del caos y el desgobierno que se han instalado en Las Rozas.
Para empezar, bajo la tutela de la FIFA solo habría unas elecciones, las correspondientes al ciclo olímpico 2024-2028. Las que debió convocar Pedro Rocha --y no lo hizo cuando asumió la presidencia de la comisión gestora el pasado septiembre--, de las que debía salir un presidente que agotara el mandato de Luis Rubiales, ya no se celebrarían. Esto anularía la reciente resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que abogaba por celebrar los dos procesos electorales, uno por la presidencia y un segundo y definitivo una vez renovada la asamblea. La intervención de la FIFA duraría entre seis y 12 meses; este es el principal argumento para que solo se celebren unas únicas elecciones.
Para tutelar el proceso electoral, la FIFA nombraría un comité de normalización que afrontaría una remoción de todos los cargos de la federación. Con este paso, desaparecería la comisión gestora que preside Rocha y que ha dirigido el día a día de la federación desde que Rubiales dimitió el pasado 10 de septiembre.
El comité de normalización estaría formado por miembros externos a la federación, en su mayoría empleados cualificados de la FIFA. Estos tendrían plena autonomía para tomar decisiones sobre la gestión de la federación.
La FIFA también crearía una junta de garantías electorales neutral y muy severa para garantizar unas elecciones limpias y democráticas. Costumbres como que el presidente de los árbitros dirija el voto de su gremio hacia un determinado candidato podrían acarrear la inhabilitación de ambos. También habría un control más exhaustivo para tratar que los presidentes de las territoriales no manejen con tanta facilidad la elección de los asambleístas que terminan por elegir al presidente de la federación.
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