La Eurocámara aprueba las nuevas reglas fiscales que busca más rigor en el gasto sin ahogar la inversión

La Unión Europea ha enterrado este martes las viejas reglas fiscales que se escribieron durante la crisis financiera y ha alumbrado unas nuevas. El Parlamento Europeo ha respaldado con una mayoría bastante holgada el acuerdo al que llegaron los estados miembros en el Consejo de la UE del pasado febrero. Apenas restan ya un par de pasos formales, que se van a dar en los próximos días. Por tanto, los nuevos presupuestos nacionales para 2025, que se empiezan a elaborar en unas semanas, se guiarán por unas nuevas formas que persiguen el complicado equilibrio de reducir la montaña de deuda acumulada para afrontar las tres crisis sistémicas sufridas (financiera, pandemia e invasión de Ucrania) mientras mantiene la inversión pública para lograr los objetivos de descarbonización, impulso de la tecnología y el refuerzo de la defensa.

Con las nuevas normas, los Estados que superen el 3% del PIB de déficit público y una deuda superior al 60% del PIB tendrán que iniciar una senda de ajuste que les conduzca a reducir su endeudamiento. Esta hoja de ruta de ajustes podrá adaptarse, con matices, a sus circunstancias. No obstante, deberán respetar también unos objetivos y salvaguardas fiscales comunes —una exigencia alemana durante la negociación de los textos legales—. Esto último ha sido, precisamente, el punto que más críticas ha levantado entre algunos de los detractores de esta nueva regulación (sindicatos europeos y partidos más a la izquierda del hemiciclo europeo, Los Verdes y La Izquierda). Para la extrema derecha, las críticas se han centrado en la falta de rigor y disciplina fiscal.

Lograr unas normas presupuestarias más “realistas y creíbles” fue el eslogan con el que se retomó el camino de reforma hace más de tres años. La necesidad de reformar las reglas aprobadas en la década pasada, que fueron la herramienta rigurosa y abanderada de la austeridad, que lastró por años la salida europea de la Gran Recesión, fue admitida ya a comienzos de la legislatura europea (2019). La rueda se puso en marcha pronto, pero la pandemia obligó a frenar. A cambio, se suspendieron las normas vigentes para que los Estados pudieran endeudarse para responder a la crisis económica que provocó la covid-19 con más gasto público. Desde entonces, nunca han vuelto a aplicarse esas reglas. “Nuestro objetivo ha sido siempre corregir unas normas tan rígidas que a menudo no se aplicaban”, ha admitido el comisario de Economía y Finanzas, el italiano Paolo Gentiloni.

La clave de la nueva regulación está en una regla de gasto que el Estado con desequilibrios y la Comisión Europea tendrán que negociar en el plan de ajuste, que será comprenderá cuatro años con la posibilidad de extenderse hasta siete si se contemplan inversiones y reformas estructurales. Esa regla partirá de un estudio sobre la sostenibilidad de la deuda pública de cada país que elaborará la propia Comisión Europea, a partir de ahí —el próximo septiembre si se cumplen los plazos previstos— comenzará el tira y afloja entre Bruselas y las capitales. España registró un déficit del 3,6% del PIB en 2023 y suma una deuda del 107,7%, unas cifras que la harán caer bajo el brazo correctivo de la Comisión.

Ese análisis de la deuda da margen al Ejecutivo comunitario; la negociación del plan da hueco al Estado concernido; y la aprobación del resultado permite a los demás países de la UE opinar y decidir sobre las sendas de ajuste de los socios. Será en este proceso y del rigor con el que se aplique cuando se comience a ver si las nuevas normas son capaces de conjugar ese complejo equilibrio prometido desde la política —”Este ambicioso acuerdo cumple los objetivos […] para reforzar la sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros y promover su crecimiento sostenible e integrador”, ha proclamado el vicepresidente responsable del área económica de la Comisión, Valdis Dombrovskis— o, por el contrario, se convierte en otro texto de imposible cumplimento, como sucedió con la vigente hasta ahora, por el alto ritmo de reducción de deuda que pretendía imponer a los países que más deben.

Una vez aprobadas, el eurodiputado español Jonás Fernández, portavoz socialista en la Comisión de Economía de la Eurocámara, ha optado por poner el foco en que “las nuevas reglas fiscales incorporan por primera vez el Marco de Convergencia Social a las reglas de gobernanza y la sitúan como una de las cuatro prioridades, junto a las transiciones digital y verde y la defensa”.

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