Kazajistán confisca bienes de Rusia en el cosmódromo de Baikonur

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Las tensiones entre Rusia y Kazajistán, aliados, aunque distanciados desde el inicio de la invasión de Ucrania, amenaza al estreno de la nueva generación de cohetes espaciales rusa, los Soyuz-5 Irtysh. El Gobierno del país centroasiático ha confiscado los bienes del Centro para la Operación de Infraestructura Espacial Terrestre ruso, filial de la agencia espacial Roscosmos, en su territorio. Astaná, responsable de la plataforma de lanzamiento, acusa a Moscú de incumplir su parte de aquel proyecto y no realizar un estudio del impacto medioambiental de los cohetes, por lo que le exige 13.600 millones de tengués, casi 28 millones de euros al cambio, y ha prohibido la salida del país al jefe de la filial rusa. El incidente y sus repercusiones en las relaciones entre ambos países son serios: el ministro de Comunicaciones de Kazajistán, Bagdat Musin, había advertido anteriormente de que las críticas de Roscosmos por los retrasos iban a ser “un error de cálculo diplomático”.

Astaná arrienda a Moscú la principal base espacial rusa, el cosmódromo de Baikonur. Ambos países formaron en 2005 la empresa conjunta Baiterek para la gestión de varios proyectos en la base espacial, cuyo alquiler expira en el 2050, y le encomendaron la construcción de una nueva plataforma para el lanzamiento de los Soyuz-5. El debut de este cohete estaba previsto para el tercer trimestre de este año, pero el director del departamento de cohetes de Roscosmos, Dmitri Baránov, anunció en enero que su estreno se posponía a 2024 sin explicar los motivos de esta decisión.

Sin cohetes ucranios

El desarrollo de los Soyuz-5 comenzó en 2016, dos años después de la anexión de Crimea y la intervención directa rusa en la guerra de Donbás de 2014. Moscú se vio obligada a buscar un sustituto de los cohetes espaciales ucranios Zenit debido a la ruptura total con Kiev y a la retirada de los soviéticos Protón-M. Según Roscosmos, su nueva clase de cohetes de dos etapas puede poner hasta 17 toneladas en órbita.

Sin embargo, los retrasos en las obras de la plataforma de lanzamiento han torpedeado este programa espacial. Las autoridades kazajas anunciaron en julio de 2022 que la inauguración de la plataforma se posponía por un periodo de seis a doce meses, y el entonces responsable de Roscosmos, Dmitri Rogozin, confirmaba que los lanzamientos también se verían afectados. Rogozin fue destituido aquel mismo mes, el 15 de julio, y su sucesor, Yuri Borísov, cargó duramente contra Kazajistán y exigió una compensación de unos 200 millones de dólares, alrededor de 186 millones de euros.

El ministro Musin tomó nota de aquellas declaraciones. Kazajistán acusó a Roscosmos de no haber realizado el estudio del impacto medioambiental de los cohetes, y el tribunal del Centro Financiero Internacional de Astana le dio la razón en noviembre. La agencia espacial rusa fue notificada del dictamen en enero, y pasados tres meses no ha abonado voluntariamente la indemnización, por lo que las autoridades kazajas han ejecutado la confiscación.

En cualquier caso, la incautación de los bienes rusos no afecta a toda la base espacial. “Esto no se aplica a todo el complejo de Baikonur, sino a las propiedades del Centro para la Operación de Infraestructura Espacial Terrestre en el territorio de la república de Kazajistán”, ha matizado Musin, según recoge el diario local Informburó.

El desarrollo de los cohetes Soyuz-5 prosigue en paralelo pese a esta disputa y a las sanciones que han aislado al país debido a la invasión de Ucrania. “Nos llegarán todos los componentes entre el segundo y el tercer trimestre. Los motores y los sistemas de control y telemetría. Para finales de año debería comenzar el ensamblaje del primer cohete”, afirmó en enero Baránov.

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