hace 10 meses
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Vista general del Congreso de Uruguay (Crédito: DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images)(CNN) — La Fiscalía pidió este lunes el desafuero del senador oficialista Gustavo Penadés, uno de los principales articuladores del gobierno en el Parlamento uruguayo, para que sea investigado por varias denuncias de abuso sexual de menores, informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech. Penadés ha negado públicamente las acusaciones.
La fiscal Alicia Ghione investiga desde hace dos meses el caso, que comenzó luego de las declaraciones públicas de Romina Celeste Papasso, una militante del oficialista Partido Nacional, el mismo que Penadés. Papasso dijo que el senador le pagó a cambio de sexo cuando tenía 13 años, hace 17 años. A partir de esa denuncia, al menos otros siete adolescentes y personas hoy ya adultas también denunciaron a Penadés ante la misma Fiscalía, que les tomó declaración, dijo el vocero.
El jueves 25 de mayo le llegó el turno de declarar senador, uno de los principales líderes oficialistas en el Senado uruguayo. Después de testificar durante una hora y media, Penadés dijo a la prensa: “No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito”. A fines de marzo, luego de la primera denuncia en su contra, Penadés había dado un mensaje a la prensa en el que negó las acusaciones de explotación sexual.
Tanto el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como el presidente Luis Alberto Lacalle Pou le dieron su apoyo al senador. Heber señaló que respaldaba a su “amigo”. “Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo”, dijo a la radio El Espectador. Algo similar declaró el presidente de Uruguay, en rueda de prensa, el 11 de mayo. Manifestó que conoce al senador hace 30 años y que “sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza”.
El portavoz de la Fiscalía aclaró que la solicitud de desafuero es para “profundizar la investigación” y no significa en sí misma “una atribución de responsabilidad”. A partir del pedido de desafuero de la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia debe enviar la solicitud al Parlamento que necesita una mayoría especial de dos tercios para quitarle al legislador la protección legal y que se someta a la Justicia como cualquier ciudadano.
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