El Congreso reactiva la ley de vivienda con el foco donde empezó todo: los topes del alquiler

hace 1 semana 21

Todo acabará, previsiblemente, donde empezó. Cuatro años y tres meses después del acuerdo presupuestario en el que PSOE y Unidas Podemos pusieron por primera vez negro sobre blanco su intención de acotar las subidas de los alquileres, la negociación parlamentaria de la futura ley de vivienda parece próxima a su fin. Así lo expresan, al menos, todas las fuentes consultadas que están al tanto de esas conversaciones. Y también algunos hechos: este martes la ley entra en la fase de ponencia, un paso que demuestra que los grupos ven ya la luz al final del túnel. Si durante años el muro que impedía avanzar se encontraba en las diferencias entre los dos socios de Gobierno, en los últimos tiempos se han sumado a la mesa con voz relevante al menos otras dos partes, ERC (13 diputados) y EH Bildu (cinco diputados) con sus respectivas reivindicaciones. Pero eso no impide que el foco siga centrado en la que ha sido la cuestión central de todo el proceso: cómo limitar los precios de los arrendamientos en España.

Ese asunto ha levantado ampollas en el Gobierno de coalición. Provocó meses de fricciones, retrasos en la redacción del anteproyecto de la norma y, en última instancia, ha impedido también cumplir los plazos comprometidos con Bruselas, según los cuales la que será la primera ley estatal de vivienda de la Democracia (además de los alquileres, regula muchos otros asuntos relevantes) debería estar vigente desde el pasado septiembre. El PSOE apostó desde el principio por no poner topes obligatorios a las rentas, sino otorgar incentivos fiscales a los propietarios que alquilasen barato. Unidas Podemos pedía controles más estrictos y al final se llegó a una solución híbrida: topes para grandes propietarios de vivienda, incentivos fiscales para los caseros particulares y todo ello dentro de las denominadas áreas tensionadas de precios, cuya declaración depende de las comunidades autónomas.

Pero el acuerdo en el Consejo de Ministros no acabó con el debate. Unidas Podemos nunca escondió que firmaba el proyecto de ley (a través del Ministerio de Derechos Sociales como coproponente) para seguir avanzando y anunció rápidamente enmiendas. En el Congreso ha encontrado el respaldo del resto de socios de investidura, más próximos a sus planteamientos. Así que a falta de acuerdo final, sobre la mesa sigue el debate de los topes de precio. Nadie duda que los habrá en las áreas tensionadas, pero cómo se definen estas y a quién afectan (¿qué es un gran propietario?) sigue discutiéndose. Así lo aceptan fuentes del entorno socialista: “Quedan temas abiertos; las posturas están más cercanas, pero todavía no hay una decisión final”. Es decir, que esos aspectos podrían cambiar respecto al texto que aprobó el Gobierno… o no.

De acuerdo con las fuentes consultadas, hay un aspecto que cambiará seguro: la definición de gran propietario. El proyecto original contemplaba, a similitud de algunas normas que se aprobaron en la pandemia, que esta figura jurídica afectase a quienes tienen más de 10 inmuebles. Podemos quería rebajar ese umbral, pero quien más ha dado la batalla en la negociación ha sido Bildu. La solución que se ha encontrado de momento es establecer una horquilla y que las comunidades autónomas, sí así lo desean, puedan considerar gran propietario a caseros con menos de 10 viviendas.

Más compleja está resultando la respuesta a otro problema: ¿qué sucede con los pisos que entran nuevos al mercado? El texto que aprobó el Ejecutivo contempla que en las áreas tensionadas el precio del anterior contrato funciona como freno. Pero si un propietario saca una casa por primera vez (o después de mucho tiempo) al mercado, puede poner la renta que sea. Es un asunto que preocupa en Podemos: “Nosotros estamos en que la regulación funcione y para eso no puede haber fugas”, admiten fuentes de esa formación. Se trata de un riesgo que no existe para grandes propietarios, ya que estos sí se verían limitados por los importes que marque el índice oficial de precios. Pero hasta ahora el PSOE ha tratado de evitar que esos límites afectasen también a particulares.

El segundo caballo de batalla de la formación morada en la recta final de la negociación han sido los motivos para declarar un área tensionada. Todo forma parte de la misma idea: que la ley no acabe poniendo unos topes inaplicables o fácilmente eludibles. El hecho de que la declaración dependa de las comunidades autónomas ya supone que muchos territorios, empezando por los que gobierna el PP, posiblemente no vayan aplicar límites a los arrendamientos. Pero, además, los gobiernos autonómicos que sí sean partidarios de hacerlo podrían encontrarse con un obstáculo mayor. El texto que llegó al Congreso exige un doble requisito: que los alquileres se hayan encarecido más de cinco puntos por encima del IPC en cinco años y que los precios medios representen más del 30% de los ingresos medios de la zona. En la actual situación inflacionista, preocupa que la primera condición no es fácil de cumplir.

Menos condiciones

Los sindicatos de inquilinos han pedido reiteradamente que se elimine esa doble condicionalidad y baste con cumplir solo con una de las dos situaciones previstas. Pero no está claro que esa vaya a ser la solución pactada. Fuentes de las negociaciones admiten que se barajan otras alternativas, como flexibilizar el número de años con el que se hace el cálculo o la diferencia de cinco puntos con el IPC que se exige en el redactado que llegó a la Cámara Baja.

Todos esos asuntos deberán pulirse, para evitar sobresaltos, antes de llevar el texto a votación. Pero el paso adelante que han dado los partidos en la tramitación parlamentaria expone que el consenso es factible. “La ponencia te marca, significa que las posturas están más cerca, aunque falte seguir negociando”, expone una de las fuentes consultadas. “La sensación es que la negociación está avanzando y por primera vez se acerca a un acuerdo”, abunda otra. Desde este martes, la negociación cuenta además con un calendario oficial en el marco del Congreso. En la Cámara Baja, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha abundado en la idea de que la negociación va por buen camino: “En las últimas reuniones ha habido avances importantes que nos hacen ser optimistas”. El PSOE y Bildu también se mostraron optimistas, aunque en un asunto que ha hecho correr ríos de tinta en los últimos cuatro años, coinciden todas las fuentes, el anuncio del acuerdo político definitivo sobre la futura norma puede saltar en cualquier momento.

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