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15 Ago 2026, 15:20 PM EDT
Casi 30 informes internos del gobierno de Estados Unidos revelan el alcance de una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra organizaciones progresistas y manifestantes anti-ICE en Minnesota y Nueva York.
Los documentos, revisados por The New York Times, forman parte del expediente de una causa penal contra 15 manifestantes de Minneapolis acusados por el Departamento de Justicia de conspirar para obstaculizar las operaciones migratorias. Los registros describen una investigación que comenzó en enero bajo el nombre de “Operación Titiritero” y que buscaba identificar una supuesta red organizada contra ICE.
La investigación incluyó agentes encubiertos en reuniones comunitarias, infiltración de chats de Signal y solicitudes de información financiera de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro. Entre las organizaciones mencionadas aparecen AFL-CIO, SEIU, Democratic Socialists of America y Sunrise Movement. Ninguna de ellas ha sido acusada de un delito.
Agentes infiltrados en reuniones y protestas
Uno de los reportes describe la presencia de un agente encubierto en un taller de “habilidades de resistencia” organizado por Sunrise Movement en una biblioteca pública de Minneapolis. El propio documento señaló que la organización estaba enfocada en protestas “pacíficas”.
Los agentes también acudieron a reuniones en iglesias, parques, centros laborales y una reunión virtual en Nueva York. En algunos casos grabaron audio y recopilaron información sobre los asistentes. En un evento contra ICE, incluso registraron matrículas de vehículos, según los documentos.
Kevin Riach, abogado de uno de los acusados, cuestionó la dimensión de la pesquisa. “Me impactó la magnitud del caso y la aparente falta de rigor en la investigación”, declaró.
¿Vigilancia contra delitos o contra la protesta?
Los registros también muestran que el DHS obtuvo información financiera mediante citaciones administrativas, incluyendo movimientos vinculados con SEIU y datos relacionados con Communications Workers of America y Sunrise Movement.
Para defensores de las libertades civiles, el caso plantea dudas sobre hasta dónde puede llegar el gobierno cuando investiga movimientos de protesta.
Emilia González Ávalos, directora de Unidos MN, cuya organización aparece mencionada en los archivos, dijo que la vigilancia representa “un claro intento de intimidarnos, de castigarnos y reprimir políticamente el desacuerdo”.
El DHS no respondió a las preguntas del medio antes citado y el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.
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