Congresistas demócratas alertan sobre corte de servicios legales a menores inmigrantes no acompañados

Los representantes demócratas Summer Lee y Chris Deluzio afirman estar preocupados por la suerte que les depara a cerca de 20,000 menores inmigrantes no acompañados a partir del primer minuto de este sábado, cuando la administración Trump ponga fin a un contrato federal que les proporciona representación legal sin la cual quedarán desamparados en un país donde por su condición migratoria enfrentan el riesgo de ser deportados.

Ante la gravedad del asunto, ambos congresistas escribieron una carta donde plantean sus inquietudes relacionadas con la expiración del contrato de Servicios Legales para Niños No Acompañados entre la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y el Centro Acacia para la Justicia.

El documento está dirigido a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos; y a Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

“Si esta organización (y otras que operan en todo el país) no pueden continuar su labor, aproximadamente 20,000 menores no acompañados bajo custodia federal y residentes en nuestras comunidades perderán la representación legal financiada por el gobierno federal a la que tienen derecho por ley.

Igualmente, preocupante es que, si la agencia no toma medidas para garantizar la continuidad de estos servicios, los nuevos menores que ingresen a la custodia de la ORR se verán privados del acceso a información legal fundamental y a un adulto de confianza que les ayude a comprender sus derechos a partir del 1 de agosto de 2026”, indica parte del documento.

Hasta 2024, los menores inmigrantes no acompañados que eran detectados por las autoridades estadounidenses recibían albergue y alimentación mientras se definía su situación legal. (Crédito: Eric Gay / AP)

Frente al desafío que les implicaría a los menos inmigrantes presentarse a comparecer solos ante un tribunal sin representación legal, Lee y Deluzio exhortan a los funcionarios citados a responder cinco preguntas claves que marcarán no sólo el futuro de los menos señalados, sino el de futuros casos.

1. ¿Por qué la ORR no ha proporcionado al centro Acacia orientación sobre la continuidad de los casos?

2. ¿Cómo garantizará el gobierno el cumplimiento de la legislación vigente y de las órdenes judiciales que exigen que los menores no acompañados reciban asistencia jurídica? 

3. ¿Qué planes existen para garantizar que los casos de estos menores no acompañados reciban el debido proceso conforme a la ley? 

4. ¿Cuál es el plan de la Administración para transferir o dar transición a estos casos y al trabajo de estas organizaciones? 

5. ¿Cuándo efectuará la Administración los pagos adeudados a los proveedores de servicios legales? 

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