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La Comisión Europea ha abierto una nueva investigación por los laudos por el recorte de las primas de las energías renovables. En esta ocasión, el Ejecutivo comunitario ha anunciado que ha abierto una investigación exhaustiva para evaluar si la indemnización de 23,5 millones de euros (unos 32 millones de euros al sumar los intereses) abonada por parte de España a la japonesa JGC Corporation, tal y como obligó un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte de arbitraje del Banco Mundial, puede suponer una ayuda estatal contraria a la normativa europea.
Bruselas abre esta segunda investigación, después de que en marzo de 2025 eximiera a España de abonar la compensación de 101 millones de euros en relación al fondo luxemburgués Antin (cuyos derechos en este pleito fueron transferidos a Centerbridge), al entender que esta indemnización reconocida mediante un laudo es una “ayuda estatal ilegal” incompatible con las reglas europeas en la materia.
Los incentivos a la producción de electricidad a partir de energías renovables en 2007 fue un gran atractivo para inversores extranjeros. Pero el cambio de regulación en 2013, mediante la reforma del sector eléctrico con el objetivo de paliar un elevado déficit tarifario con las eléctricas, provocó que estas retribuciones se vieran recortadas. Los inversores entendieron que España había roto su promesa de grandes beneficios, por lo que amparados en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) ―que tanto España como la UE han abandonado― acudieron en avalancha a distintas cortes de arbitraje para reclamar indemnizaciones millonarias.
Desde entonces, 51 demandas han sido presentadas contra España, de las cuales, hasta la fecha, se han resuelto 29 a favor de los inversores y 18 han dado la victoria a España. De los más de 10.000 millones de euros en total que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, cuantía que se eleva hasta los 2.300 millones si se tienen en cuenta intereses de demora, costas judiciales y otros recargo.
Dentro de esas indemnizaciones se encuentra la reconocida a JGC, que es un caso especial. España se ha negado a pagar estas compensaciones, alegando que la justicia europea vetó los arbitrajes entre inversores europeos y Estados miembro de la Unión Europea; y que la Comisión Europea debe autorizar dichos pagos. Después de que el Ejecutivo comunitario respaldara la postura española al vetar el pago del laudo ganado por Antin, al tratarse de un inversor de un Estado miembro de la UE, representantes del Gobierno de España y del fondo Blasket Renewable Investments, que cuenta con los derechos de representación legal y cobro de muchos de estos pleitos (entre ellos el de JGC), iniciaron una vía de negociación para resarcir, al menos, los daños de los inversores extracomunitarios.
En esta línea, el Gobierno accedió a pagar la primera y única indemnización, la relativa a la empresa japonesa JGC, que invirtió en dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explicaron en junio de 2025 que el abono se efectuó después de recibir la aprobación de la Comisión Europea.
Sin embargo, la Comisión Europea considera ahora, de manera preliminar, que el laudo dictado por el Ciadi en 2021 y su ejecución “constituyen ayudas estatales” incompatibles con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), “ya que otorgan a JGC una ventaja equivalente a las previstas en el régimen español de 2007″, un plan que, según recuerda, no fue notificado tal y como establece la normativa europea.
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