La junta de accionistas del próximo jueves, día 26, no va a ser un trámite cualquiera para el grupo Acciona. Su presidente, José Manuel Entrecanales, tendrá que dirigirse a los inversores en medio de un extraordinario terremoto, que amenaza con tumbar al Gobierno y ha sido un torpedo para la reputación de la compañía constructora, por el supuesto amaño de obras públicas entre 2018 y 2021, con José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Acciona ha sido señalada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por indicios sobre la entrega de 620.000 euros en mordidas y otros 450.000 euros que quedaron pendientes de abono a Ábalos y su asesor Koldo García. La compañía manifestó “desconocimiento, sorpresa y preocupación” el pasado jueves, cuando se dio a conocer el contenido del informe policial, y dice estar investigando el caso, que hasta ahora se circunscribe a la actuación del exdirector de Acciona Construcción en La Rioja y Navarra, Fernando Merino Vera. Sin embargo, ayer se produjo el primer despido relacionado con este caso, el del director de Acciona Construcción para España, Justo Vicente, por fallar en su responsabilidad in vigilando.
“Ante la posible elusión de los controles internos que se haya podido producir, la compañía ha abierto una investigación para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan”, apuntó Acciona el jueves a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa dice ser la primera interesada en que se esclarezca el caso. De hecho, se trata de restablecer el nombre de la compañía y de evitar una diáspora entre los fondos presentes en su capital. “Muchos de los fondos que compran acciones de empresas cotizadas o que financian proyectos de infraestructuras tienen la corrupción como línea roja, al igual que temas relacionados con la crisis climática o el gobierno corporativo”, apunta uno de los analistas de Bolsa que sigue a Acciona y que prefiere no ser identificado. “Es lógico que Acciona quiera acotar cualquier responsabilidad dentro del caso Koldo”.
La cotización de Acciona se resintió al final de la semana pasada, una vez que vio a la luz el demoledor informe de la UCO: el cierre del viernes se produjo en 145,2 euros, con el papel de Acciona bajando por momentos de los 141 euros. Ayer se registró ya una reacción al alza con la ganancia de un 1,86%, situándose la cotización en 147,9 euros. Una vez pasada la gran tormenta del jueves y viernes, el grupo de infraestructuras y renovables vuelve a valer prácticamente lo mismo que el día previo al escándalo, cuando alcanzaba los 148,4 euros.
La que iba a ser una reunión con accionistas prácticamente de trámite, en la que el presidente Entrecanales debía repasar los hitos alcanzados hasta llevar la cartera de contratos hasta un máximo histórico de 54.000 millones, se convierte ahora en un espacio en el que empezar a desplegar la estrategia de defensa. Muy poco había dicho Acciona desde su comunicado del jueves hasta que ayer anunció el despido del responsable de Construcción en España. Simplemente había reconocido haber entregado el correo electrónico de su exdirectivo Fernando Merino Vera e información sobre los contratos de obra investigados por requerimiento de la propia UCO. De momento, no hay imputación ni se ha dado, según fuentes internas, un registro de las sedes de la empresa.
Las fuentes consultadas, habituales en actos de Acciona, creen que José Manuel Entrecanales hará hincapié en tres ideas esenciales: la apertura de pesquisas por parte de su empresa; la persecución de todo indicio de corrupción a través de mecanismos como el canal ético o las normas de cumplimiento (compliance), y su desvinculación de cualquier trato prohibido con la trama que aflora el informe de la UCO.
El grupo de personas investigado tenía como supuesto controlador de los sobornos al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la colaboración tanto de la presidenta de Adif en esos momentos, Isabel Pardo de Vera, como del director general de Carreteras hasta octubre de 2022, Javier Herrero. Los contratos ganados por Acciona que han sido plasmados en el informe de la UCO, firmados con Adif y con la Dirección General de Carreteras, superan los 500 millones de euros y algunos, en el caso de tres obras ferroviarias, cuentan con financiación de la UE, lo que podría dar con el caso en la Fiscalía Europea.
Los 550.000 euros sobre los que hay indicios de pago se vinculan con dos adjudicaciones de Adif a Acciona en la red ferroviaria de Murcia. Los 450.000 sin abonar son relacionados por la Guardia Civil con otros tres contratos ganados por Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), los dos primeros de carreteras y el tercero, ferroviario.
Entrecanales aparece citado en dos ocasiones a lo largo de las 500 páginas del dosier que ha hecho temblar los cimientos de La Moncloa y de la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz. La Guardia Civil hace referencia a un primer encuentro entre el entonces ministro Ábalos y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el 30 de julio de 2018, reunión que “podría comprenderse en un primer conocimiento recíproco, fruto de la nueva andadura [de José Luis Ábalos] en el seno del Mitma [Ministerio de Transportes]”. En segundo lugar, se da cuenta de un apunte de Koldo García en el que asegura tener comunicación con Entrecanales. El nombre de Acciona, sin embargo, acumula más de 200 apariciones en el informe.
En los concursos investigados, todos ellos abiertos a la concurrencia de otras ofertas, Acciona ganó con altas puntuaciones en el apartado técnico, de evaluación subjetiva frente a la objetividad de la oferta económica. Estos son el del soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia (158,8 millones de importe de adjudicación); la ejecución de la plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera (121,2 millones de euros); la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja (92,4 millones); obras en el puente sevillano del Centenario (102,8 millones) y la ejecución de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (62 millones).
El arranque de la relación entre Santos Cerdán y Koldo García con Acciona, a través del directivo Fernando Merino, se da por hecho en 2015 y en Navarra. Fue con ocasión de una explotación minera de potasa entre Aragón y Navarra de la que es titular la empresa Geoalcali. Koldo García trabajaba en la Comunidad Foral de Navarra y tenía dependencia “laboral y personal” de Santos Cerdán, se afirma en el informe policial.